REGULACIÓN DEL COMERCIO ELECTRONICO

EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y SU REGULACIÓN.

Básicamente, el comercio electrónico es la transacción de compraventa efectuada a través de una red informática, por excelencia internet, que permite adquirir bienes o servicios, ya sea, en forma totalmente virtual o parcial.

Esta modalidad de transacción comercial es practicada profusamente en todo el mundo y constituye un importante factor de desarrollo de la economía a nivel global. En los países más desarrollados es materia de atención preferencial, considerando que los ingresos provenientes de esa actividad conforman una gran fracción de la “torta” de su economía.

El comercio electrónico constituye uno de los ejes del Plan Director de TIC de nuestro país, elaborado en el año 2011 con la cooperación del Gobierno coreano, a través de la agencia Koica, habiéndose cumplido parte de los planes operativos establecidos, como ser la promulgación de normativas relacionadas al mismo: la ley que da validez jurídica a la firma electrónica y la firma digital y la ley de comercio electrónico propiamente.

Ha de señalarse que nuestro país es uno de los pocos de la región que cuenta con una ley específica de comercio electrónico. En los demás países, se encuentra regulado en la misma ley de Mensajes de Datos como ocurre en Colombia, o en la ley de Defensa al consumidor, en vista de que en puridad la ley de comercio electrónico se enfoca a la protección del usuario o consumidor en el ámbito virtual, por lo que podríamos decir que se trata de una ley de defensa al consumidor en un contexto electrónico; si bien la ley no aclara expresamente el ámbito de su protección, puede colegirse de su interpretación sistemática y teleológica que el destinatario de su protección es el usuario o consumidor final, fundado en la calidad de más débil de este sector respecto a los proveedores de bienes y servicios.

De igual forma existe la Ley 1581 del 2012 Que tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.